En conferencia de prensa en la jornada de hoy, el diputado Enrique Urquidi presentó un informe detallado de 3 años de investigación sobre las irregularidades advertidas en la administración de la Empresa Metalúrgica Vinto, que el estado ha mantenido a flote en base a fideicomisos y otros desembolsos.
Mencionó que desde el 2007 cuando se nacionalizó la empresa de manera arbitraria se ha recibido al menos 850 millones de dólares que no han servido para fortalecer a la metalúrgica.

Siempre en base a documentos conseguidos a regañadientes se ha establecido también pérdidas que están bordeando los 600 millones de bolivianos.

Lamentó finalmente que a 3 años de haber iniciado esta investigación la Contraloría no ha querido mover un solo dedo para esclarecer estas irregularidades.
"Hemos solicitado una auditoría y el 2023 nos dijeron que se iban a informar todo el año 2024 y ahora recién se sabe que esa auditoría podría efectuarse a fines de este año. Está claro que la Contraloría nunca ha querido esclarecer estas irregularidades", aseveró.